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A veces, cuando se nos plantean estas cuestiones, la mayoría reaccionamos, aunque de formas diferentes, pero reaccionamos. Unos, llevados por el corazón y en sentidos opuestos, nos pronunciamos en contra o a favor, otros utilizando la cabeza, o “el razonamiento”, también nos pronunciamos, incluso hay quien apenas se inmuta o, tal vez, no quiera escuchar ni pronunciarse huyendo de la palabra muerte y de su propia opinión. Pero, en cualquier caso, a todos nos afecta de una forma u otra, porque ¿Qué derecho tiene el ser humano a quitar la vida a otro ser humano?
Se mire por donde se mire, estés a favor o en contra, te ampares en tus creencias religiosas o convicciones políticas, nadie tenemos la respuesta correcta. Lo que para unos es justo, para otros no.
El eminente cardiólogo español Valentín Fuster afirma que el perímetro de la cintura –es decir, la infausta barriga– incide en el riesgo de morir a causa de una enfermedad cardiovascular.
 Pero para el asesino Richard Cooey, de 41 años, su acuciante gordura, era la única aliada con la que contaba para eludir el negro sino que le esperaba al final del único callejón sin salida de la Justicia: el corredor de la muerte. El pasado día 14 de octubre el Estado de Ohio le ejecutó por el secuestro, violación y asesinato de Wendy Offredo y Dawn McCreery, dos estudiantes que apenas frisaban los 20 años.Desde que fuese condenado a muerte en 1986, Cooey trató de emplear cualquier triquiñuela legal para tratar de evitar el fatal desenlace: desde alegar locura transitoria hasta acusar a su compañero de fechorías, Clint Dicknes, que en la noche de autos tenía 17 años y que en la actualidad se encuentra recluido cumpliendo dos condenas de cadena perpetua, de haber sido el único artífice de la muerte de las dos jóvenes.
Sin embargo, lo que no consiguieron dos décadas de recursos y alegaciones, lo pudo haber conseguido su pesado cuerpo. Según un informe de la penitenciaría estatal de Ohio, la ejecución de Richard Cooey mediante inyección letal, el procedimiento utilizado en el estado de Ohio, no podía llevarse a cabo «humanamente». Un requisito indispensable para la legalidad de la ejecución. ¿El motivo? Cooey pesaba 130 kilos y apenas medía 170 centímetros y para encontrar una vena viable para la inoculación había que realizar una auténtica prospección subcutánea y llevar reo a una situación de estrés mental y psíquico «inhumanos». Además, un medicamento utilizado habitualmente por Cooey contra la migraña, podría restar efectividad al compuesto anestésico suministrado al preso antes de la ejecución. El sorprendente alegato podría parecer una paradoja más de la Justicia, pero para los familiares de las víctimas, no era otra cosa sino una burla cruel del asesino y un nuevo fallo del mismo sistema que no impidió los brutales asesinatos.
Por este motivo acusaron al reo de haber engordado 25 kilos a propósito durante sus últimos años de reclusión.
Cooey no tardó en responder. Su abogado consiguió que algunos reporteros pudiesen reunirse con el reo, y éste ávido de clemencia, aunque sin transmitir una muesca de arrepentimiento por sus actos, se explayó.
«Los médicos me dicen que es difícil llegar hasta mis venas. La pena de muerte es un acto cruel. No he engordado a propósito. Si a la gente le hace feliz, que me revienten la cabeza con un 45 –un calibre común– pero que lo hagan legalmente», afirmaba con el cuerpo embutido en el consabido mono de los reos de muerte y el rostro embotado por la congestión propia de la obesidad.
Pero la Justicia se mostró implacable. La acción de Cooey fue demasiado brutal.
En 1986 Cooey acababa de dejar el Ejército. Tan sólo había aguantado siete meses los rigores de la disciplina militar. Provenía de una familia numerosa, rota por los conflictos, en la que el alcohol, las drogas y las palizas eran la tónica de cada jornada. En su huida hacia no se sabe dónde se topó con Dickens, un joven de 17 años. Juntos emprendieron una alocada carrera de crímenes y vandalismo. El 1 de septiembre de aquel año entraron en una cafetería de Akron. Allí se fijaron en las dos jóvenes, apenas unas niñas, que atendían las mesas. Wendy Offredo y Dawn McCreery eran dos alumnas de la Universidad de Akron (Ohio) que trabajaban ocasionalmente de camareras para pagarse sus estudios.
Aquel día después de cerrar el local, se subieron en su coche. Estaban exhaustas y quería llegar a casa. Cuando pasaron bajo un cambio de sentido una roca de considerables dimensiones cayó sobre el capó. El impacto hizo que se saliesen de la carretera. De repente como de la nada, apareció un coche. Los ocupantes Cooey y Dickens se ofrecieron a ayudarlas. Ellas se confiaron y subieron al vehículo. Pronto, los solícitos caballeros tornaron en dos monstruos. Las llevaron a un descampado. Allí las sometieron a todo tipo de tropelías físicas. Las violaron, las apalearon e incluso les marcaron el torso con un cuchillo. Después las estrangularon.
La policía no tardó en dar con ellos. Confesaron que ellos habían sido quienes habían arrojado la roca desde el cambio de sentido. Tras la sentencia, Cooey comenzó los procedimientos habituales: recursos, apelaciones… Parecía que todo tocaba a su fin en 2003. Cooey tomó la que se suponía su última cena. Sin embargo, 12 horas antes de la ejecución le comunicaron que el tribunal le había concedido un receso de cinco años. En 2005 intentó fugarse, pero los agentes de seguridad consiguieron desbaratar sus planes.
El pasado día 14 por fin se enfrentó con la muerte. «No voy a decir nada. No me han escuchado en estos 22 años. ¿Por qué lo van a hacer ahora que voy a morir», exclamó mientras su cuerpo de buda infeliz expiraba
Landaluce, 30/10/2008
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